El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia
Presentación
Los fallos de la política agravan los fallos del mercado de la vivienda en lugar de corregirlos. Las restricciones a construir, transmitir y contratar producen escasez y perjudican sobre todo a quien busca casa.
En la vivienda nueva, la escasez de suelo edificable responde a decisiones políticas. Muchos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin soportar su coste, y urbanizar suelo lleva de diez a quince años, según las estimaciones que recoge la CNMC. En el caso hipotético que construye el Consejo General de Economistas, los impuestos suponen el 25,78 % de lo que desembolsa el comprador de una vivienda nueva. En la vivienda usada, los fuertes gravámenes sobre las transmisiones y los comparativamente ligeros sobre la tenencia penalizan la movilidad y favorecen que las viviendas permanezcan vacías o infrautilizadas, pese a que la OCDE recomienda a España reducir gradualmente unos impuestos de transmisión que figuran entre los más altos de sus miembros.
En el alquiler, topar las rentas, imponer prórrogas y dificultar la recuperación de la vivienda protege al inquilino instalado a costa de quien busca alquilar: el propietario retira oferta y selecciona a los candidatos más solventes. Para la regulación catalana de 2020, el trabajo recoge una rebaja media de las rentas próxima al 5 % y una caída de los nuevos contratos cercana al 10 %. El Real Decreto-ley 29/2026, convalidado el 12 de noviembre, añade prórrogas y límites a la actualización de rentas; en ciertos casos obliga a la Administración a ofrecer vivienda alternativa o a cubrir la deuda del inquilino, lo que adopta en parte el principio de financiar la asistencia con recursos públicos, aunque su eficacia depende de que el pago sea suficiente, puntual y exigible.
Estas políticas resultan electoralmente rentables pese a su coste social, porque los inquilinos y deudores actuales ven la ganancia inmediata mientras quienes contratarán en el futuro perciben peor las oportunidades perdidas. Los microdatos de las encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió, 40dB y el CIS confirman esa demanda de protección: en Cataluña, vivir de alquiler se asocia con 12 puntos más de apoyo a regular los precios que vivir en una casa ya pagada, y poseer otra vivienda alquilada, con 19,8 puntos menos. Algunas encuestas presentan la intervención como garantía de acceso y omiten sus costes, de modo que difundir sus resultados como mandato mayoritario refuerza el apoyo a instrumentos cuyos costes se dejaron fuera.
El trabajo propone cinco líneas de reforma: facilitar la construcción ampliando usos y densidades y revisando qué intereses justifican un veto; reequilibrar la fiscalidad, rebajando los gravámenes sobre construcción y transmisiones; restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual en renta y duración, sin discriminar a los propietarios por tamaño; separar la asistencia de la contratación privada, financiándola con dinero público explícito; y aplicar subsidiariedad y transparencia regulatorias, permitiendo soluciones autonómicas distintas y comparando sus resultados. El principal obstáculo es político: los votantes premian las restricciones mientras sus costes permanecen ocultos, y la vivienda sigue escasa y cara.