Judicial salaries

Analysis

You should concentrate your argumentation in the latter having in mind the nature of the judicial activity. It is also necessary to consider the possibility of confusion between the level and the function of compensation

Algunos indicios pueden interpretarse como errores de fondo en la gestión de la carrera profesional de los jueces. Por un lado, sus niveles retributivos medidos en términos anuales parecen en exceso bajos. Sin embargo, un bajo salario anual no implica que el nivel retributivo real (utilidad neta del esfuerzo requerido al juez) sea también bajo. Para evaluar este salario real neto hemos de prestar atención a las entrada y salidas, a las dificultades para contratar o retener personal competente. En este caso, se habían observado en años previos ambos fenómenos. Por un lado, en algunas oposiciones de los años ochenta parece que existieron dificultades para cubrir las plazas convocadas. Por otro lado, algunos jueces de relativo prestigio abandonaron la carrera. De ser cierto, estos bajos salarios reales habrán generado un proceso de autoselección inadecuado, entrando profesionales con un nivel de competencia inferior a la deseable. Curiosamente, parece ser que, cuando se produce el conflicto ya se habían elevado los salarios hasta el punto en que no había dificultades de reclutamiento, aunque quizá por debajo de lo que conviene a una función tan importante como la judicial. Esa elevación retributiva podría originar la paradoja de que por el mencionado proceso de autoselección, un nuevo aumento retributivo no fuese acorde con la competencia de los que habían entrado a salarios inferiores.

Por otro lado, denota cierta confusión el intento de introducir en la función judicial una retribución variable con el rendimiento a corto plazo. Al hacerlo, se presta poca atención a que, cuando la calidad es esencial y difícil de medir, los incentivos a corto pueden causar más problemas de los que resuelven. En esos casos, la respuesta a los incentivos (si éstos son potentes y varían realmente con el rendimiento observado) suele consistir en aumentos aparentes de la productividad, con mejorías en los indicadores objeto de medida, y descensos en las variables de rendimiento no medidas, como son las de calidad. El éxito de esos sistemas hace por ello necesario una esmerada atención directiva, con el fin de complementar la medición objetiva del rendimiento con estimaciones subjetivas y actualizar de forma recurrente el sistema de indicadores. Sin embargo, puesto que el sistema judicial se muestra incapaz de sancionar incluso aberraciones graves[1], cabe dudar de su capacidad para gestionar un sistema de incentivos de ese tipo, que requiere en cualquier organización una vigilancia tan atenta de las desviaciones a que el propio sistema iría dando lugar como consecuencia de su énfasis en indicadores cuantitativos de rendimiento. En otros casos, sobre todo en sistemas que requieren una evaluación subjetiva del rendimiento, existen múltiples resistencias organizativas para la aplicación del sistema (por ejemplo, los evaluadores se niegan a discriminar), de modo que las primas de productividad acaban convirtiéndose en un componente fijo de la retribución. Existen numerosos ejemplos en la función pública española de los años ochenta y noventa.

Bastaría, sin embargo, que se examinaran otros sistemas judiciales para salir del error y abstenerse de aplicar recetas tan simples como peligrosas. Por ejemplo, la carrera de los jueces federales de los Estados Unidos se caracteriza por sueldos altos y fijos, que motivan la independencia, el prestigio y la competencia por entrar en la carrera, pero no el logro de indicadores de productividad, inevitablemente miopes (Posner, 1995). Por no contar con incentivos, estos jueces americanos ni siquiera aspiran a un ascenso al Tribunal Supremo, lo cual evita que actúen de cara a la galería (Tullock, 1965, p. 60), cosa que está siendo cada vez más frecuente en nuestras latitudes.

El caso ilustra también que los aumentos retributivos aislados dentro de un grupo profesional son difícilmente sostenibles. De hecho, un motivo importante por el que el Gobierno no accedía a las reivindicaciones de los jueces era el peligro de que se extendiese a toda la función pública. Se observa también que en la negociación se entremezclan aspectos relacionados con el nivel y la función retributivos, los cuales convendría idealmente mantener separados.

Por último, resulta de interés observar en los datos internacionales que los jueces ganan más en el reino Unido, un país en el que su tarea más discrecional o subjetiva y menos reglada.

[1]  Por ejemplo, un caso que el Consejo General del Poder Judicial calificó de “retrasos escandalosos” e “incapacidad total y absoluta” para impartir justicia fue sancionado finalmente con un año de suspensión de funciones (Lázaro, 1999).