Regulación de precios en los pagos con tarjeta

En tres resoluciones emitidas en 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dictaminó que, al establecer las tasas multilaterales de intercambio (TMI) de las transacciones nacionales, los sistemas de pago incluyan únicamente dos costes: un coste fijo por procesamiento y un coste variable por el riesgo de fraude. Esta regulación disminuirá de forma artificial las TMI pero no los precios finales pagados por los consumidores, debido a la falta de competitividad del sector minorista. Además, dará lugar a que aumenten las comisiones cobradas a los titulares de tarjetas y, probablemente, a que se introduzcan nuevas comisiones por la instalación y uso de los terminales en punto de venta. Asimismo, en la medida en que el aumento de las comisiones cobradas a los titulares de tarjetas no compense el descenso de ingresos por TMI, la tarea de emitir nuevas tarjetas estará mal retribuida respecto a la tarea de incorporar nuevos comerciantes a las redes, causando así un desequilibrio entre los dos lados de los sistemas de pago. Adicionalmente, las reglas de fijación de precios establecidas por el TDC motivarán que se desagreguen y provean insuficientemente aquellos servicios cuyos costes dichas reglas impiden incluir en las TMI. La garantía de pago y el período de financiación gratuita tenderán así a ser excluidas del paquete de servicios y pasarán a ser ofrecidos por terceras partes o por los emisores, mediante un precio adicional, o bien tenderán a desaparecer por completo, en particular para los comerciantes pequeños y medianos. Por último, los servicios de transacción también sufrirán las consecuencias de que el TDC haya impedido la fijación de TMI en términos variables. Todo ello, puede lastrar gravemente el desarrollo del aún inmaduro mercado español de tarjetas.