La demanda económica de seguridad jurídica

Las instituciones dan seguridad jurídica cuando protegen la propiedad y abaratan transacciones. Sin propiedad segura, individuos y empresas desvían talento y recursos hacia la rapiña. Es la ley de la selva. Pero la propiedad no basta. La prosperidad exige especialización, y la especialización exige intercambio. No solo de bienes y servicios, sino también de consumo en el tiempo y de riesgo entre personas con distinta aversión al mismo. De ahí que las instituciones deban reducir los costes de transacción. Y cuando esos costes son insalvables, imponer reglas imperativas que frenen externalidades y acerquen el resultado al óptimo colectivo.

Este capítulo muestra hasta qué punto las instituciones españolas fallan en ambas tareas.