Reforma laboral como imperativo ético

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España cuenta con la regulación laboral más restrictiva de los países desarrollados. Como consecuencia, padece también la mayor tasa de paro.

El ordenancismo que pesa sobre las relaciones laborales tiene su origen en leyes franquistas. ¿Por qué sigue vivo 34 años después de morir el dictador?

Alguien podrá pensar que la regulación laboral es errónea pero bien intencionada. No lo creo. No es probable que el Estado, en su afán de proteger a los trabajadores, olvide que dos no contratan si uno no quiere. El problema no reside en la miopía paternalista del Estado, sino en la desigualdad con que trata a sus hijos.

En España, conviven dos clases de trabajadores. Por un lado, la élite que disfruta las “colocaciones” del sector público y grandes empresas. Por otro, los trabajadores temporales, en gran medida jóvenes, mujeres e inmigrantes, así como los autónomos marginales.

Esta dualidad se manifiesta en todos los rincones de nuestro mercado de trabajo. Principalmente, en el acceso a empleos estables a largo plazo.

Más que nunca necesitamos esos empleos estables, en los que los trabajadores puedan adquirir experiencia y acumular conocimientos. Pero la estabilidad está reservada para la élite laboral. El actual contrato fijo no favorece las relaciones a largo plazo porque el empresario ha de seguir pagando al trabajador, sea cual sea la productividad y actitud de éste.

Lógicamente, el empresario se protege. Para empezar, evita el empleo a largo plazo, sustituyendo trabajo por capital y trabajo a largo por trabajo a corto. Cuando no le queda otro remedio que contratar a largo plazo, elige a quienes le merecen confianza, los que garantizan ser productivos incluso dentro de un contrato que les permite abusar. Acaba así contratando a aquéllos que aportan señales creíbles de su futura actitud cooperativa. Señales que, dado el calamitoso estado de nuestra educación, están solo al alcance de los más ricos y mejor conectados.

Se critica a los empresarios por no contratar trabajadores. Pero no es casual que pocos españoles quieran ser empresarios, y menos aun empleadores. Esta crisis vocacional se constata incluso en las facultades de Administración de Empresas de regiones que un día presumieron de espíritu empresarial. No es solo que esté mal visto ser empresario: en una sociedad que adora el dinero, si los jóvenes no quieren ser empresarios cabe interpretar que no debe ser muy rentable.

Los contratos temporales son también un instrumento para la desigualdad; pero no por ser temporales, sino por ser improrrogables. Esta restricción impide que sirvan para instrumentar relaciones a largo plazo sin riesgo de oportunismo. Se reservan así las relaciones a largo para la élite laboral que sí es capaz de aportar las señales adecuadas.

Por no hablar de la hipocresía adicional que padecen los contratos temporales, cuyos críticos más acerbos son los primeros en usarlos para sus propios empleados, como ha hecho algún sindicato.

Y tampoco están libres de doblez las organizaciones patronales. Dicen ser partidarias de flexibilizar los contratos, pero no lo son tanto de una medida igual de necesaria, como es el liberalizar la negociación de los convenios colectivos. Quizá temen perder buena parte de su razón de ser.

La crisis exacerba el descontento social y acabará haciendo que estas desigualdades sean insoportables. La mitad privilegiada del país no puede seguir viviendo a costa de la otra mitad. Si quiere mantener su nivel de vida, habrá de esforzarse por merecerlo. Es hora de que la soberanía popular elimine privilegios, y restaure los olvidados valores de la justicia y la igualdad de oportunidades. La reforma laboral es un primer paso imprescindible para lograr la sociedad más justa, abierta e igualitaria a la que todos aspiramos.

Artículo publicado en Cinco Días (16 de julio de 2009, p. 15).

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Por: Benito Arruñada

abril 1, 2010 , 06:57

La opinion de una controladora aérea

Me escribe (1 de abril de 2010, 4:57 horas) una controladora aérea un mensaje crítico revelador de la situación española, por muchos motivos que, creo, no hace falta comentar:

Muy buenas madrugadas,

“Las cifras de AENA son rotundas. Cada controlador le cuesta un promedio de 375.000 euros anuales. Lógico que sea rentable instalar controladores mecánicos en pequeños aeropuertos. Lo raro es que no busque cómo sustituirlos en los demás. Las máquinas no sólo son más baratas: no necesitan apartamentos de descanso, ni hacen huelgas de celo. Y menos aún se empeñan en que se contrate a sus parientes.”

Llevo más de 180 horas de trabajo este mes de marzo. En Semana Santa haré por 4 turnos de un compañero que se ha partido un brazo. No querría hacerlos porque mi hijo ha venido de la universidad y la cuidadora de mi madre minusválida tendrá los 4 días festivos de descanso, pero no tengo opción. No tendré un solo día libre en 11 consecutivos. Por Real Decreto.

¿Para esto es para lo que AENA le ha pedido ayuda a Fomento? ¿para poder someternos a todo tipo de esclavitudes laborales en virtud de la “sostenibilidad” de la Navegación aérea? Pues si no les salen las cuentas, que gasten menos en otras cosas, pero que no ahorren en nuestro descanso, que no es seguro.

Mi hijo mayor, ingeniero de telecomunicaciones con inglés y alemán y trabajo en SAP se presentó a la última convocatoria… fue eliminado en las entrevistas finales. Igual le había sucedido a mi hermano (ingeniero industrial de la EMT) hace varios años… ¿de dónde saca usted que contratamos a nuestros familiares? No creo que sea usted mala persona, imagino que repite lo que ha leído, pero usted sabe bien que no debe hacerse eso.

Me gustaría que aceptara que comete una incorrección al comparar “lo que le costamos” a AENA (que no nuestro sueldo) con el salario de un controlador militar. En nuestro caso está hablando de “masa salarial bruta”, mientras que en el caso de los militares se debe de tratar de salario neto ( incluso así es francamente vergonzoso como salario de controlador).

Los controladores militares no son seleccionados por AENA, que selecciona los perfiles más idóneos entre 15.000 universitarios (después hay que hacer el curso y la habilitación antes de tener un contrato laboral, unos 3-4 años en total). Los militares entran a control por el simple método de entrar en el ejército, cobrando desde el primer día. Y como usted sabrá sin duda los requisitos para ser militar son cada día menores, pues el ejército no ofrece sueldos competitivos precisamente…. Nada que objetar a su trabajo, por cierto, pero yo si ha oído felicitaciones de los controladores militares a nuestro trabajo (y trabajo con ellos muy a menudo)

La cifra que usted proporciona no es tampoco correcta, aunque la correcta no ande muy lejos. Observe que “curiosamente” corresponde a 2008, record en cuanto a tráfico, desarrollo de procedimientos, y todo tipo de colaboraciones con la empresa para la apertura de nuevos aeropuertos e instalaciones. Veo en su CV que usted además de ser catedrático escribe libros, artículos, da conferencias… pues supongo que eso también se reflejará en sus rentas anuales ¿verdad? Seguramente 2008 fue también par usted mejor año que cualquiera, antes y después… Pues nosotros SOLO trabajamos para AENA, TODOS nuestros ingresos son públicos y notorios (nunca mejor dicho) y por mucha presión que hayamos podido ejercer… faltan controladores en todo el mundo y en todo el mundo están bien pagados.

Por último me gustaría que leyera usted en la página de nuestra asociación profesional APROCTA lo que es el servicio AFIS, que no es para nada una máquina, ni es servicio de control… antes de volver a quedar como un ignorante, todo un catedrático como usted con un blog tan “chulito”… y de la Pompeu Fabra, ni más ni menos…

Un saludo y gracias por su atención.

Por: Benito Arruñada

abril 1, 2010 , 02:00

Negociación salarial, desempleo y ‘self-service’

Sorprende que en países extranjeros más ricos que el nuestro las gasolineras contraten empleados para repostar los coches, mientras que en España lo hacemos los clientes. El motivo es el mismo que lleva a AENA a sustituir controladores aéreos por máquinas.

Las cifras de AENA son rotundas. Cada controlador le cuesta un promedio de 375.000 euros anuales. Lógico que sea rentable instalar controladores mecánicos en pequeños aeropuertos. Lo raro es que no busque cómo sustituirlos en los demás. Las máquinas no sólo son más baratas: no necesitan apartamentos de descanso, ni hacen huelgas de celo. Y menos aún se empeñan en que se contrate a sus parientes.

Sucede, sin embargo, que los controladores militares cobran 23.500 euros al año. En la medida en que sean igual de competentes y productivos que los civiles, el coste relevante desde el punto de vista social son esos 23.500 euros. En vez de sustituir controladores por máquinas, AENA debería aumentar su número, pero contratando controladores militares.

La diferencia entre ambos salarios es sólo la renta de los controladores civiles: su retribución en exceso de lo que valen sus servicios. Esa renta es injusta: los civiles ganan 16 veces más. Pero no se trata de un mero asunto distributivo, pues se derrochan recursos para capturar esas rentas y, sobre todo, estos inflados salarios distorsionan la toma de decisiones. Incluso una empresa pública como AENA evita contratar personas y prefiere sustituirlas por máquinas.

Lo más grave es que la inflación salarial, aunque menor, afecta a la mayoría de sectores productivos. Hace pocas semanas, patronal y sindicatos pactaron un alza salarial del 1% para 2010, y ello en un contexto casi deflacionario, para el cual todo tipo de expertos aconsejaba reducciones salariales. Llevan décadas pactando salarios tan altos que hacen rentable sustituir empleados por máquinas, con lo que expulsan del mercado a muchos trabajadores menos cualificados. Lógico que predomine el autoservicio en las gasolineras y que abunden los cajeros automáticos en los bancos.

Lógico también que el trabajo se concentre en los sectores con menos regulación laboral, como la construcción; en el empleo autónomo, y en la economía sumergida. En todas estas actividades se usan tecnologías intensivas en trabajo. Ello indica que, a precios de mercado, es rentable utilizarlas. Mientras tanto, sin embargo, nuestras perversas instituciones laborales hacen que no sean rentables y se deslocalicen las actividades fabriles.

No es cierto, además, que sustituir trabajo por capital físico nos acerque a un nuevo modelo económico. Tenemos un 20% de paro y abundan los trabajadores menos cualificados que, según el Inem, cuatro de cada diez parados tienen escasas posibilidades de encontrar empleo.

Por suerte, este pronóstico del Inem presupone los actuales niveles salariales. La brecha entre productividad y salario puede salvarse aumentando la productividad o reduciendo el salario. Llevamos décadas intentando aumentar la productividad de los parados mediante programas formativos. Incluso hemos creado un tinglado educativo paralelo, que controlan patronal y sindicatos. Lamentablemente, es aún menos eficaz que el sistema educativo general. También subvencionamos la contratación, pero sólo incurrimos en cuantiosos costes administrativos para lograr unos efectos muy modestos.

Hemos de afrontar la realidad. Nuestras instituciones laborales no pueden seguir expulsando del mercado oficial a los menos productivos, condenándoles a la caridad degradante del subsidio, a la mentira de unos cursos de formación que sólo sirven el interés de quienes los organizan y a unas subvenciones que resultan muy caras para servir sólo como excusa.

Esos millones de trabajadores tienen el derecho y el deber de trabajar y, si producen por debajo de los salarios que pactan nuestros mal llamados agentes sociales, los representantes de la soberanía popular deben rescatarla y hacer justicia. Compensemos directamente sus bajos ingresos, pero no toleremos que se les expulse de la actividad productiva. Basta ya de consensos pactados a espaldas y en contra de los más humildes.

Artículo publicado en Cinco Días (1 de abril de 2010, p. 14).

Por: Benito Arruñada

febrero 22, 2010 , 09:30

Jubilarnos antes de trabajar

Los españoles hemos recibido recientemente dos noticias de distinto signo: viviremos más años, pero nos jubilaremos más tarde. Las dos noticias están conectadas, pues necesitamos trabajar más para financiar, entre otros, el gasto sanitario que permita alargar nuestra esperanza de vida.

Dada esta conexión, convendría percibir que las decisiones sobre ambas también están relacionadas. Pero solemos separarlas. Aspiramos a jubilarnos pronto y vivir muchos años, una doble demanda que es imposible satisfacer para todos. Sin embargo, muchos ciudadanos y no pocos políticos aún no se habían enterado.

Aunque no sea una posibilidad real en nuestro país, podemos aprender mucho de cómo se tomarían ambas decisiones en el mercado. Cada ciudadano habría de elegir cuándo jubilarse y cuánto gastar en su seguro sanitario. Lo haría de forma similar a quien ahorra en su plan de pensiones y, para lograrlo, ha de destinar menos recursos a otros gastos, incluido el seguro de asistencia sanitaria. Por ejemplo, opta por un seguro de salud más económico, pero que no incluya tecnologías costosas con escasa probabilidad de éxito, y que sí incluya franquicias y copagos que desaniman su propio abuso en el futuro.

Ciertamente, los hipotéticos compradores de pensiones y seguros sufrirían dificultades para decidir y contratar, pudiendo surgir además daños colaterales de difícil arreglo. No obstante, podemos aprender de esas soluciones de mercado para adaptarlas y mejorar nuestra situación.

La clave reside en que liguemos las decisiones de coste y beneficio, y en que logremos así repartir ambos de forma más equitativa. Un estado del bienestar viable y menos injusto requiere que el ciudadano contemple costes y beneficios. Que sea consciente de la elección entre calidad de vida y consumos actuales y futuros, y que lo haga teniendo en cuenta que es él mismo, y no los demás, quien ha de pagar por todos ellos.

Por el contrario, hoy votamos y tomamos buena parte de las decisiones sobre beneficios como si no pagásemos por ellos. Cuando vamos al médico, le pedimos las medicinas más caras, aun cuando nos serviría igual un genérico mucho más barato; del hospital esperamos el mejor servicio y la última tecnología; y nos encanta saber que somos líderes mundiales en trasplantes. Sin embargo, odiamos pagar impuestos, y cuando llega la hora de jubilarnos pretendemos hacerlo mientras seamos jóvenes y estemos en plenas facultades.

Esta miopía acerca de los costes no es sostenible. Convendría aprender del mercado al menos en los siguientes aspectos:

  1. Con independencia de la cuantía total que decidamos gastar en pensiones, debemos ligar mejor la cuantía de cada pensión a la contribución realizada durante la vida laboral. Es injusto y acabará por volverse contra el sistema el que los últimos años laborales determinen la cuantía de las pensiones individuales, lo que perjudica a los individuos con retribuciones menos crecientes en el tiempo, los menos cualificados.
  2. También debemos compatibilizar el cobro de la pensión con la continuidad de la vida laboral. Se piensa que ello destruiría empleo, pero nada hay más lejos de la realidad: todo trabajo, lejos de eliminar otros empleos, genera demanda y, por tanto, nuevos empleos.
  3. Más en profundidad, para clarificar al ciudadano que es él quien paga los impuestos convendría que los precios se anunciasen sin IVA y que las retenciones por IRPF fuesen tales que la mayoría de las cuotas diferenciales resultasen positivas, como sucedía hace años.
  4. Del mismo modo, debemos suprimir la engañosa distinción, puramente contable y ficticia, entre seguridad social “a cargo de” la empresa y del trabajador, distinción que alimenta en éste la ingenua ilusión de que los servicios sociales le cuestan mucho menos de lo que realmente paga por ellos.
  5. Por último, urge que empecemos a desanimar los gastos y consumos superfluos. Es sabido que nuestros botiquines están llenos de medicinas caras y no consumidas. Pero el problema no es privativo de la sanidad: muchas de nuestras aulas están medio vacías porque los estudiantes universitarios tienen “derecho” a no asistir a clase.

Si el estado de bienestar tiene algún futuro, debe evitar estas asimetrías e ignorancias. De lo contrario, si seguimos disociando costes y beneficios, corremos el riesgo de acabar jubilándonos tarde y muriendo jóvenes.

Artículo publicado en Expansión (22 de febrero de 2010, p. 46).

Por: Benito Arruñada

febrero 12, 2010 , 10:27

Moralidad del despido

Nuestro país perdona todo tipo de pecados, pero tolera mal la herejía. Días atrás, la inquisición mediática intentaba quemar en la hoguera del desprestigio a Adolfo Domínguez, por afirmar algo que muchos piensan pero que pocos se atreven a decir en público: que España debería modificar sus leyes para que las condiciones de despido pudieran ser negociadas por las partes del contrato de trabajo — lo que erróneamente se conoce como “despido libre”. Erróneamente, porque en los países en que existe libertad para ello, las partes negocian e incluyen o no en el contrato, según les convenga, que el despido requiera o no a la empresa indemnizar al trabajador, y que el abandono del puesto de trabajo requiera o no al trabajador indemnizar a la empresa.

En muchos otros países, las partes contratan una gran variedad de fórmulas laborales. Lo hacen con la presencia o no de sindicatos, tanto mediante convenios como con contratos individuales, e incluyendo indemnizaciones tanto explícitas (recurribles entonces judicialmente) como implícitas (basadas en la reputación y la necesidad de mantenerla para seguir contratando trabajadores).

Emplean unas u otras fórmulas según las condiciones de la actividad. Incluyen más restricciones cuando necesitan garantías a largo para invertir en capital físico o humano cuyo valor esté ligado a la continuidad de la relación. (Lo que se conoce como activos “específicos” desde los estudios de Oliver Williamson, el último Nobel de Economía). Las empresas son la primeras en ofrecer empleos permanentes cuando necesitan una plantilla estable a largo plazo. Los empleos vitalicios japoneses son un paradigma. Pero no hace falta ir tan lejos: el Corte Inglés proporciona a sus empleados permanentes condiciones superiores a las legales.

Los contratos de trabajo libres incluyen menos restricciones, en cambio, en actividades en las que interesa a ambas partes, trabajadores y patronos, mantener un régimen de terminación a voluntad. El interés de los trabajadores proviene de que desean protegerse contra los errores de selección y la presencia de holgazanes.

Todo lo contrario de lo que ocurre en España, donde no es raro que un equipo laboral cuente con incompetentes y con uno o varios expertos en escaquearse. Además, muchos trabajadores toleran este oportunismo. Quizá creen que es el patrón, y no ellos mismos, quien paga a los holgazanes. Una excepción notable es la de los pesqueros: cuando algún marinero escurre el bulto, son sus propios compañeros, que van “a la parte”, quienes exigen al patrón que no lo embarque en futuras mareas.

Cierto que la contratación libre sufre dificultades, sobre todo si no hay competencia, o cuando el poder negociador está desequilibrado. Pero no con carácter general, como presuponen nuestras leyes laborales. Además, para resolver esas dificultades, existen muchas otras soluciones, tanto sindicales (convenios), como jurídicas (como, por ejemplo, reglas dispositivas de indemnización por despido) y judiciales (regulación por el juez de los contratos laborales, de modo similar a los de adhesión). Soluciones flexibles, que presentan problemas relativamente manejables y que no provocan el alto grado de oportunismo que sí originan las reglas imperativas hoy vigentes.

Reglas éstas que, además, por su extremismo, protegen sólo a la élite laboral menos necesitada de protección: los funcionarios y los trabajadores de grandes empresas. Todo el mundo sabe hoy del chantaje de los controladores aéreos, pero en el fondo no es muy distinto al que practican, por ejemplo, los “colocados” en el sector del automóvil, quienes condicionan la supervivencia de la industria auxiliar a que subvencionemos a los fabricantes, para que éstos no se vayan y sigan pagándoles sus inflados sueldos.

Dada la penuria en que vive la mitad de los españoles que no disfruta de una colocación en el sector público o en una empresa de este tipo, procede más que nunca denunciar la inconsciente hipocresía de quienes se oponen a una negociación más libre de las condiciones laborales. Inconsciente, porque creen en su superioridad moral. Hipócrita, porque la élite laboral sale ganando doblemente con la actual situación: se libra de competidores y los tiene a su servicio.

Por ello, mi doble enhorabuena para Adolfo Domínguez. Por ser uno de los pocos empresarios que se atreve a decir en público lo que piensa; y porque acierta en el diagnóstico. Sólo la libertad contractual sensatamente regulada puede lograr la prosperidad y la justicia propias de una sociedad abierta.

La mala teología prohibió durante siglos el préstamo de dinero con interés. Eso no impedía que parte de la Iglesia se beneficiase de comprar censos, que eran una especie de préstamos indefinidos. Las nuevas ortodoxias se comportan a veces de forma parecida. Al fin y al cabo, cuando actúan como patronos, los sindicatos también evitan los contratos fijos.

Artículo publicado en Cinco Días (12 de febrero de 2010, p. 14).

Por: Benito Arruñada

julio 22, 2009 , 20:22

Prejubilaciones en las cajas

Otro ejemplo del doble rasero moral de nuestro mercado de trabajo. Se puede leer en La Vanguardia que:

La fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu comportará el cierre de unas 150 oficinas, es decir, cerca de un 20 por ciento de las que actualmente tienen las tres entidades, y una reducción de la plantilla de unas 350 personas a través de prejubilaciones.

El director general de Caixa Sabadell, ….

Ha señalado, no obstante, que se intentará que este reajuste de plantilla se realice a través de prejubilaciones, de forma que la salida de los empleados se lleve a cabo de forma no traumática.

Realmente, ¿se van a usar los fondos del FROB (en este caso, 350 millones de Euros) para financiar las prejubilaciones de la parte de nuestra élite laboral colocada en las cajas? ¿Para quiénes es y no es «traumática» la «salida» de esos empleados?

Por: Benito Arruñada

julio 22, 2007 , 12:35

La inmoralidad de los contratos temporales

Esta historia real que cuenta Luis Garicano revela donode reside la auténtica immoralidad de los contratos temporales: en su carácter no prorrogable:

El tema es dramático y urgente, y tiene, como Benito Arruñada ha argumentado en Cinco Días y en su blog, una dimensión moral. He aquí un ejemplo personal: Mi madre dirige un centro de mayores, y tiene varios porteros y auxiliares. Los hay mejores y peores, algunos ayudan poco, otros mucho, otros pasan de todo desgraciadamente. Hay uno, Miguel, que se deja la piel, trabajando en todo lo que se le pida, teniendo iniciativa, con alegría, con buen juicio, con buenas decisiones etc. Ayuda muchísimo a mi madre, casi como un subdirector del centro. Pues bien, el martes pasado se acababan los dos años, le tenían que hacer fijo en la empresa, y le despidieron para evitarlo. Un tipo serio, trabajador, con 42 años.

Estas historias son de todos conocidas. Si uno es un trabajador, para qué tomarse el trabajo en serio si no sirve para nada, si nadie lo va a apreciar y al final del contrato se acaba todo de todos modos. ¿Para qué hacer inversiones en capital humano específico? ¿Para qué tratar de echar el resto? Las consecuencias sobre la productividad son obvias.

(Fuente: La no-reforma laboral).