Negociación salarial, desempleo y "self-service"
Arruñada, Benito (2010), [“Negociación salarial, desempleo y self-service”, Cinco Días](http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Negociacion-salarial-desempleo-self-service/20100401cdscdiopi_1/cdsopi/ "Negociación salarial, desempleo y "self-service""), 1 de abril, p. 14.
Sorprende que en países extranjeros más ricos que el nuestro las gasolineras contraten empleados para repostar los coches, mientras que en España lo hacemos los clientes. El motivo es el mismo que lleva a AENA a sustituir controladores aéreos por máquinas.
Las cifras de AENA son rotundas. Cada controlador le cuesta un promedio de 375.000 euros anuales. Lógico que sea rentable instalar controladores mecánicos en pequeños aeropuertos. Lo raro es que no busque cómo sustituirlos en los demás. Las máquinas no sólo son más baratas: no necesitan apartamentos de descanso, ni hacen huelgas de celo. Y menos aún se empeñan en que se contrate a sus parientes.
Sucede, sin embargo, que los controladores militares cobran 23.500 euros al año. En la medida en que sean igual de competentes y productivos que los civiles, el coste relevante desde el punto de vista social son esos 23.500 euros. En vez de sustituir controladores por máquinas, AENA debería aumentar su número, pero contratando controladores militares.
La diferencia entre ambos salarios es sólo la renta de los controladores civiles: su retribución en exceso de lo que valen sus servicios. Esa renta es injusta: los civiles ganan 16 veces más. Pero no se trata de un mero asunto distributivo, pues se derrochan recursos para capturar esas rentas y, sobre todo, estos inflados salarios distorsionan la toma de decisiones. Incluso una empresa pública como AENA evita contratar personas y prefiere sustituirlas por máquinas.
Lo más grave es que la inflación salarial, aunque menor, afecta a la mayoría de sectores productivos. Hace pocas semanas, patronal y sindicatos pactaron un alza salarial del 1% para 2010, y ello en un contexto casi deflacionario, para el cual todo tipo de expertos aconsejaba reducciones salariales. Llevan décadas pactando salarios tan altos que hacen rentable sustituir empleados por máquinas, con lo que expulsan del mercado a muchos trabajadores menos cualificados. Lógico que predomine el autoservicio en las gasolineras y que abunden los cajeros automáticos en los bancos.
Lógico también que el trabajo se concentre en los sectores con menos regulación laboral, como la construcción; en el empleo autónomo, y en la economía sumergida. En todas estas actividades se usan tecnologías intensivas en trabajo. Ello indica que, a precios de mercado, es rentable utilizarlas. Mientras tanto, sin embargo, nuestras perversas instituciones laborales hacen que no sean rentables y se deslocalicen las actividades fabriles.
No es cierto, además, que sustituir trabajo por capital físico nos acerque a un nuevo modelo económico. Tenemos un 20% de paro y abundan los trabajadores menos cualificados que, según el Inem, cuatro de cada diez parados tienen escasas posibilidades de encontrar empleo.
Por suerte, este pronóstico del Inem presupone los actuales niveles salariales. La brecha entre productividad y salario puede salvarse aumentando la productividad o reduciendo el salario. Llevamos décadas intentando aumentar la productividad de los parados mediante programas formativos. Incluso hemos creado un tinglado educativo paralelo, que controlan patronal y sindicatos. Lamentablemente, es aún menos eficaz que el sistema educativo general. También subvencionamos la contratación, pero sólo incurrimos en cuantiosos costes administrativos para lograr unos efectos muy modestos.
Hemos de afrontar la realidad. Nuestras instituciones laborales no pueden seguir expulsando del mercado oficial a los menos productivos, condenándoles a la caridad degradante del subsidio, a la mentira de unos cursos de formación que sólo sirven el interés de quienes los organizan y a unas subvenciones que resultan muy caras para servir sólo como excusa.
Esos millones de trabajadores tienen el derecho y el deber de trabajar y, si producen por debajo de los salarios que pactan nuestros mal llamados agentes sociales, los representantes de la soberanía popular deben rescatarla y hacer justicia. Compensemos directamente sus bajos ingresos, pero no toleremos que se les expulse de la actividad productiva. Basta ya de consensos pactados a espaldas y en contra de los más humildes.