Opinión sobre el modelo de financiación autonómica
Entrevista de Mariola Riera en La Nueva España, 14 de enero de 2026
«Asturias sale claramente perjudicada», advierte el catedrático de la Pompeu Fabra, que sostiene que el modelo «no corrige el despilfarro, sino lo recompensa»
Un refuerzo de los privilegios regionales que tiende al debilitamiento del Estado. Un modelo que conduce a la fragmentación y no a la cohesión, con una «deriva feudalizante» que, por un lado, favorece a el control de las «élites regionales» sobre su territorio y, por otro, sigue la «vieja tradición del pactismo» para negociar «privilegios entre poderes» en vez de reglas comunes.
Es, en líneas generales, la contundente valoración que hace el economista asturiano Benito Arruñada (Vegadeo, 1958) de la reforma del modelo de financiación pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y que presentó días atrás la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este mismo miércoles se presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ejecutivo se reúne con las comunidades.
El Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra_(Barcelona) –autor de «La culpa es nuestra» en el que aborda la situación de la vivienda, la educación o la cuestión territorial en España– distingue tres efectos, negativos, de la propuesta del Gobierno sobre el Estado, sobre el sistema autonómico y sobre Asturias.
Un desequilibro que se cubrirá con más deuda
El profesor advierte de que el acuerdo «desplaza una parte muy relevante de la recaudación de los grandes impuestos hacia las comunidades autónomas sin trasladarles competencias en la misma proporción». Así las cosas, resulta un Estado central «con menos ingresos, pero con las mismas obligaciones: pensiones, desempleo, servicio de la deuda, defensa, seguridad e inversiones comunes». Y todo eso, advierte Arrumada, «no son partidas accesorias, sino que son el armazón del Estado». Así las cosas, a corto plazo, no quedará más remedio que corregir ese «desequilibrio con más deuda». Una solución que el catedrático no ve bien: «Ya es muy elevada y nos expone a riesgos significativos si suben los tipos de interés. A medio plazo, esa deuda solo se paga de dos formas: con más impuestos o con menos servicios públicos estatales, desde la policía y la defensa hasta las infraestructuras. Además, un Estado financieramente vaciado queda sometido a pactos coyunturales, sin autonomía real para sostener políticas comunes ni para disciplinar el conjunto del sistema».
Un «botín negociado» en un acuerdo «que recompensa el despilfarro»
Benito Arrumada advierte de que la reforma planteada de financiación «quiebra de la igualdad» a través de incentivos «perversos», entre los que enumera «permitir que el IVA se asigne según el lugar de ingreso y no de consumo» o introducir mecanismos que «maximizan la ganancia» de un territorio. Y abunda: «El pacto no solo erosiona la igualdad entre ciudadanos, al transformar los impuestos en un botín negociado por élites regionales. También premia a las comunidades que más gastan y más se endeudan, en especial a la catalana. El mensaje es inequívoco: el despilfarro no se corrige, se recompensa». Opina el catedrático que lejos de imponer disciplina, el sistema pasará «a incentivar el exceso de gasto y la irresponsabilidad fiscal. La igualdad se proclama en el discurso, pero se desmantela en los hechos».
«Especialmente dañiño para Asturias»
Asturias sale claramente perjudicada», resume sin dudar Arruñada, que echa manos a los datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) sobre el impacto en la comunidad asturiana, que pasaría de un índice de financiación por habitante ajustado de 105,6 al 98,8, cayendo por debajo de la media. «Pero el problema de fondo es más grave», advierte, en referencia a que Asturias presenta uno de los mayores déficits estructurales del sistema contributivo de la Seguridad Social, como consecuencia de su fuerte envejecimiento y de una base laboral menguante. «Sus pensiones y prestaciones dependen en gran medida de transferencias del Estado. Todo lo que debilite la capacidad financiera del Estado pone en riesgo directo esa cobertura. No es una amenaza abstracta, sino un problema tangible de sostenibilidad», inciden.
Beneficios para una «minoría que controla» Cataluña
El profesor Arrumada explica que acuerdos como el del Gobierno-ERC«sustituyen las reglas generales del Estado de derecho y la igualdad entre ciudadanos por pactos ad hoc entre élites territoriales. El resultado no es cohesión, sino fragmentación. Se trata de una deriva feudalizante en dos sentidos». Por un lado, reseña, se avanza hacia un Estado «cada vez más débil, que paga, calla y pierde peso». Por otro, no hay interés general: «Se refuerza el control que las élites regionales ejercen sobre su propio territorio. En el caso que nos ocupa, no salen beneficiados los catalanes en general, sino la minoría que controla la Generalitat».
Reflexiona el catedrático de la Pompeu Fabra que el pacto para la reforma de la financiación «no es casual. Este esquema entronca con una vieja tradición de “pactismo”, no como cooperación bajo reglas comunes, sino como negociación de privilegios entre poderes. Cuando el pacto sustituye a la ley general, desaparece la competencia productiva y emerge una lógica extractiva: cada territorio pugna por quedarse con una porción mayor de la tarta común. El resultado no es prosperidad compartida, sino fragmentación. Y una regresión histórica difícil de exagerar».