Europa: más que polarizada, paralizada
The Objective, 20 de septiembre de 2026
Nos alarma la polarización de las democracias avanzadas, con brechas que parecen insalvables entre partidos establecidos y emergentes. Esta polarización podría ser esperanzadora si al menos respondiera a discrepancias sobre el rumbo que conviene seguir. Pero la nuestra es epidérmica: divide sobre quién manda y a quién se culpa de los problemas, no sobre cómo resolverlos, y esa pelea nos sirve de excusa para aplazar decisiones que sabemos inevitables. Eso la hace aún más peligrosa, porque a menudo encubre la parálisis: en las cuestiones de fondo prevalece el consenso contra la renovación y la competencia. Las Cortes españolas lo mostraron hace unos meses cuando votaron casi por unanimidad la subida de los sueldos públicos y las pensiones. El Parlamento Europeo ofrece estas semanas otro ejemplo, técnico solo en apariencia.
Me refiero a EU Inc., la sociedad mercantil europea que la Comisión propuso el 18 de marzo y que debía ser la «piedra angular» del régimen 28 que Letta y Draghi pedían para que crear una empresa en Europa dejara de costar más que en Estados Unidos, adonde se mudan muchas de las más innovadoras. Esta modesta iniciativa, que apenas cambiaría nada fuera del contrato entre socios, ha recibido 1.664 enmiendas, 246 del ponente socialdemócrata y 1.418 de los grupos. Sus autores, desde el establishment hasta sus alternativas antisistema, coinciden en negar a la nueva sociedad la libertad justo donde valdría algo, al contratar trabajo, salir a bolsa, pagar impuestos o quebrar.
Una sociedad mercantil solo es un contrato entre sus socios; la empresa compra, vende, contrata trabajadores, se financia y paga sus impuestos fuera de ese contrato. La Comisión flexibilizó el contrato societario interno —sin capital mínimo, con acciones digitales, clases de acciones y juntas en línea— pero apenas tocó lo externo, salvo para aplazar el impuesto sobre las opciones de los empleados y simplificar la liquidación de las startups innovadoras. Una reforma mínima, pues una sociedad que pueda emitir acciones a medida gana poco si no puede colocarlas en toda la Unión en condiciones uniformes, contratar y despedir con costes previsibles ni saber qué ley concursal le espera. La propia Comisión estimaba el ahorro entre cien y doscientos euros por sociedad y año.
Tal como la propuso la Comisión, EU Inc. dejaría a la sociedad elegir el país donde registrarse, aunque operase en otro, y con él la ley societaria supletoria, el registro que la controla y las reglas de participación de los trabajadores en el consejo. Nada más: sus empleados seguirían bajo la ley laboral y la seguridad social del país donde trabajan, sus impuestos los fijaría cada país donde tuviera actividad y su quiebra se regiría por la ley del país donde estuviera su centro de operaciones.
Con tan corto alcance, nadie necesitaría excluir de ella a las empresas de limpieza. Pero el ponente prohíbe constituirla en construcción, limpieza, hostelería, transporte por carretera, cuidados residenciales, cárnicas y seguridad privada, actividades que juzga poco propensas a innovar. También llama «sello de calidad» a una forma que estaría así cerrada a los limpiadores. La Izquierda amplía la lista a veinte actividades, con la manufactura entera, las finanzas, la agricultura, la pesca, el sector inmobiliario y los bares. Los Patriotas, con Vox, proponen doce, entre ellas los taxis, las peluquerías y el taller textil del que nació Zara, «por el potencial de elusión de las normas fiscales y sociales o por su carácter no innovador».
Los sectores excluidos son los que emplean más trabajo poco cualificado y más trabajadores desplazados desde otros Estados, los mismos donde hoy prosperan las sociedades pantalla que desplazan trabajadores cotizando en el país barato. Quienes los excluyen temen que una EU Inc. registrable en cuarenta y ocho horas y por cien euros abarate esas sociedades pantalla. Pero la pantalla no la crea EU Inc. El desplazado cobra ya el salario del país de acogida y cotiza dos años en el de origen, sea su empresa polaca o europea, y al trabajador fijo lo protege, por Roma I, el derecho imperativo del país donde trabaja. De modo que la lista negra no añade protección a ningún contrato de trabajo. Tan solo niega esa figura europea a quienes más cruzan fronteras, de la limpiadora portuguesa en París al transportista polaco.
La Izquierda y los Patriotas, que piden rechazar la propuesta en su integridad, limitan además EU Inc. a empresas de menos de cien trabajadores y de diez años, le prohíben salir a bolsa y suprimen el capítulo concursal y el aplazamiento fiscal de las opciones. Un liberal danés del Partido Popular Europeo y La Izquierda firman la misma frase sobre la ley laboral del lugar de trabajo. El ponente y los Patriotas coinciden palabra por palabra en someter la participación de los trabajadores a la ley del lugar de empleo, la única elección real que la propuesta concedía. La Izquierda quiere también que constituirla tarde quince días hábiles y, en otra enmienda, convierte el tope de cien euros de la Comisión en un «coste mínimo máximo de mil euros».
Cuando grupos que no comparten nada más luchan en el mismo bando, la explicación está en los intereses. Unos defienden a los sindicatos y otros la soberanía nacional, pero ambos protegen su «trastienda» nacional —desde la regulación laboral y la fiscalidad hasta los notarios y los registros— de la competencia de los otros veintiséis países.
El acceso abierto solo lo defienden diputados del Partido Popular Europeo y de los conservadores, entre ellos dos diputadas alemanas que abren EU Inc. a cualquier empresa «con independencia del tamaño, el sector, la forma jurídica previa o la antigüedad», como pidió el 83 por ciento de los consultados por la Comisión. Pero ni siquiera ellos abren la contratación externa. Nadie propone que la empresa pueda elegir régimen laboral o fiscal, el ponente alternativo del grupo suprime el capítulo concursal y sus diputados están divididos: un rumano quiere capital mínimo, aunque sea de un euro, y control notarial o registral en cada transmisión de acciones, y una española excluye del Reglamento «las disposiciones relativas al derecho laboral individual y colectivo».
Los diputados españoles tampoco desentonan: los del PP blindan el derecho laboral, los del PSOE refuerzan el control notarial y registral y los de Vox suscriben el programa completo de cierre.
Letta y Draghi pidieron un marco único para operar en toda la Unión. Los grupos votarán en las próximas semanas, en comisión y en el pleno, pero, a juzgar por las enmiendas de sus diputados, lo que saldrá del Parlamento será una sociedad europea que, en cuanto contrate a un trabajador, venda acciones a un inversor o quiebre, volverá a ser alemana, francesa o española.
Será así porque en Europa solo acometemos las reformas que no incomodan a nadie, y esas cambian poco; los grupos que se combaten en todo lo demás han coincidido en esto, como las Cortes en los sueldos y las pensiones. Ningún grupo traiciona con ello su mandato: cada uno hace lo que esperan de él quienes lo votan. De ese consenso sustantivo de los votantes, más que de su polarización epidérmica, está hecha nuestra parálisis.