Arder por devoción

The Objective, 26 de julio de 2026

El medio ambiente merece políticas serias. Lo que recibe es liturgia: dogmas que no admiten revisión, pecados que purgan otros, indulgencias para quien las paga y herejes desterrados del debate. La acompaña el rasgo decisivo de toda fe: la irrefutabilidad. Cuando el «calentamiento global» pasó a llamarse «cambio climático», el credo quedó blindado contra los hechos: sequía o inundación, frío o calor, vendaval o calma, todo lo confirma. Una hipótesis compatible con cualquier evidencia podrá ser muchas cosas, pero no es ciencia.

Es fe. Y la fe tiene usos terrenales.

El primero es bloquear la discusión. En una política secular, quien discrepa aporta información; en una religión, quien discrepa peca, y al pecador no se le responde: se le anatemiza como «negacionista».

El segundo uso es más lucrativo: la exención de responsabilidad. Si el desastre lo causa el clima, ningún gestor es culpable. La culpa no es de quien dejó el cauce sin limpiar ni de quien paralizó la obra de laminación, sino del destino climático, esa divinidad airada que castiga sin que quepa pedir cuentas a sus sacerdotes ni a sus canónigos. Es una teodicea administrativa: cuanto más terrible el dios, más absuelto el gestor.

Sería un error, con todo, culpar solo a los políticos. Como toda liturgia, esta responde a nuestra demanda: el rito es visible, barato e inmediato; la gestión es invisible, costosa y de rendimiento diferido. Pensar es penoso; creer, confortable. Y el político sirve encantado esa demanda: prohibir es gratis, pero también es barato no desbrozar los montes, no dragar los cauces, no construir pantanos. La sacralización convierte la desidia presupuestaria en virtud teologal. El gobernante ahorra dos veces: se evita el gasto de mantener y cobra la superioridad moral de «proteger». Pocas doctrinas han alineado tan bien la pereza fiscal con la santidad.

En 2025 ardieron en España más de 393.000 hectáreas, el peor registro desde 1994, con el 90% concentrado en agosto. Este verano vamos camino de reincidir: más de 125.000 hectáreas antes de agosto, cuatro veces más que hace un año, y el peor incendio que recuerda Madrid ha arrasado ya unas 20.000 hectáreas entre la Sierra Oeste y Ávila, con decenas de miles de evacuados; la respuesta oficial —«un gran pacto contra los incendios»— confirma la preferencia por el rito.

La causa próxima, el calor y el viento; la estructural, décadas de incuria durante las cuales el combustible se fue acumulando en montes que el éxodo rural dejó sin sus antiguos gestores y la norma ambiental dejó sin mantenimiento. La ley de residuos de 2022, hija de la economía circular europea, prohibió quemar los restos vegetales. Buena parte de la sierra que ahora arde está protegida como Red Natura 2000, donde desbroces, cortafuegos y quemas prescritas exigen autorización ambiental previa. La misma fe agravó el mal imponiendo la protección estricta del lobo en 2021, que aceleró la retirada de la ganadería extensiva, justo la que limpiaba el monte sin costar un euro: solo en Galicia, los daños por ataques se han duplicado en quince años. Hubo que esperar a 2025 para que el Congreso rebajara esa protección, contra el clamor de quienes jamás han pisado un pasto.

Sacralizar el bosque es entregarlo al fuego.

Con el agua, lo mismo. La obra hidráulica, orgullo de varias generaciones de ingenieros, pasó a ser pecado: los cauces se «renaturalizan», que es como se llama ahora a no tocarlos. La dana de Valencia dejó 229 muertos y una instrucción judicial; dejó también constancia de que el Ministerio había paralizado 228 millones en obras de laminación que habrían amortiguado la riada, y de que el desvío del barranco del Poyo, reclamado durante décadas, se licitó después de la tragedia y no estará listo antes de 2031. Nadie ha dimitido por no construir. La omisión no deja huellas dactilares, y el destino climático carga con la culpa.

El caso más revelador es el energético, porque ahí la religión fracasa incluso aceptando sus propios fines. Supongamos que el único objetivo válido fuera descarbonizar. Lo racional sería optimizar las renovables corrigiendo su intermitencia: almacenar el sol de mediodía para la noche mediante centrales de bombeo. Pero España solo tiene unos 6 gigavatios de capacidad de bombeo, con decenas de proyectos privados atascados en una burocracia donde todos tenemos derecho a bloquear y nadie a construir, hasta el punto de que ya se da por inalcanzable el objetivo oficial para 2030. Mientras, se mantiene el calendario de cierre nuclear, empezando por Almaraz: el regulador acaba de avalar su prórroga hasta 2030, pero la decisión duerme en el Ministerio, pese a que su clausura elevaría las emisiones y el precio de la electricidad. El apagón del 28 de abril de 2025 ya nos había puesto la factura bien a la vista.

La explicación de tanta incoherencia no es técnica sino litúrgica: el embalse inunda un valle y la central nuclear profana el dogma, de modo que ambos quedan fuera del culto aunque sirvan a su dios. La religión prefiere el sacrificio a la ingeniería, porque el rito exige dolor, no soluciones.

Según el nuevo credo, los incendios y las inundaciones serían hijos del cambio climático; buscar responsables humanos, un vicio de negacionistas. El propio nombre delata la liturgia: la vieja gota fría asciende a «dana» y las borrascas se bautizan, como los dioses del trueno de los panteones antiguos.

Pero el clima solo pone el multiplicador; la base la ponemos nosotros. Arde más donde el monte está más abandonado, no donde hace más calor; se inunda más donde el cauce está ocupado y la obra sin hacer, no donde más llueve.

Y si de verdad el clima empeora, más urgente resulta limpiar, embalsar y almacenar. Quien acepta la premisa climática y rechaza la adaptación local no está defendiendo el medio ambiente; está defendiendo el monopolio del rito.

Esta religión tiene también una retorcida economía moral. Las empresas compran indulgencias regulatorias en forma de informes de sostenibilidad que poco correlacionan con su conducta. La absolución no es barata: alguna de nuestras grandes empresas ha visto como cuadruplicaban el coste total de sus obligaciones de información. Por eso no basta con simplificar esas directivas: debemos derogarlas.

Los fieles, por su parte, pagan su identidad en las urnas. Indulgencias e identidad se compran baratas; la disidencia es lo único que sale caro. Ahí reside el daño más profundo, el epistémico: sin herejes tolerados no hay falsación, sin falsación no hay corrección de errores, y una política que no puede equivocarse es una política que no puede aprender. Ya defendí hace años que la naturaleza había entrado en ese «círculo moral» donde no se tolera calcular costes y beneficios. Dentro del círculo quedó la naturaleza; fuera vamos quedando nosotros.

Quien sacraliza la naturaleza acaba quemándola; quien convierte el clima en dios acaba usándolo de coartada. El mejor servicio que hoy podríamos prestar al medio ambiente sería secularizarlo: bajarlo del altar al presupuesto, del rito al cálculo y del dogma al mantenimiento. Los bosques no piden fe. Piden desbroce.