La situación de la empresa en España
Respuestas a la encuesta de CIE sobre los problemas de la empresa en España (1)
CIE 1.- En su opinión, ¿cuáles son los problemas más relevantes a los que debe enfrentarse la empresa española en la actualidad?
Cabe destacar tres factores críticos, íntimamente relacionados entre sí:
Por un lado, mantenemos una regulación tan intensa como trasnochada del mercado de trabajo. Hemos desperdiciado los años de vacas gordas, con lo que las reformas serán más dolorosas, porque habrá que hacerlas cuando no quede otro remedio, en años de crisis y desempleo.
Por otro lado, las empresas sufren una escasez creciente de personal cualificado porque el sistema educativo padece una involución. Con honrosas excepciones, consume cada año más recursos, sobre menos estudiantes a los que forma cada vez peor. Sospecho que seguimos viviendo de las rentas que produce la educación del pasado. El déficit de las nuevas promociones —y no solo en formación técnica y ciudadana, sino en la personal, especialmente en cuanto a la capacidad de esfuerzo y sus expectativas— es clamoroso; y las reformas educativas no hacen más que aumentarlo.
Por último, siguen dominando el discurso intelectual todo tipo de estereotipos antiempresariales, en los que se desprecia la labor del empresario y su contribución al bienestar de la sociedad. Contribuye a ello el que sigamos fomentando una producción “cultural” especializada en elaborar disculpas y denigrar el trabajo.
CIE 2.- La dimensión de la empresa española es, dentro de los países desarrollados, reducida, y lo es aún más si nos referimos a las PYME. De cara a su actividad ¿Qué efectos se derivan de este reducido tamaño? Y en el caso de que sean mayoritariamente negativos, ¿Qué debe hacerse para lograr una dimensión mayor?
La dimensión media de las empresas españolas es inferior a la de los países de nuestro entorno por dos tipos de factores.
Por un lado, mucha de la fragmentación de la pequeña empresa española es una respuesta adaptativa a las restricciones regulatorias de las relaciones laborales: simplemente, los agentes económicos evitan la ineficiencia de las leyes laborales contratando relaciones en esencia laborales mediante fórmulas de derecho mercantil. Mis estudios con Manuel González-Díaz y Alberto Fernández documentan la importancia de este fenómeno en la construcción y el transporte por carretera (2). En este terreno, me preocupan las consecuencias negativas que van a producir varias de las normas contenidas en el Estatuto del Trabajo Autónomo, que acaba de entrar en vigor sin que se le prestase la atención que merece. En la medida en que esos cambios normativos equiparan subcontratación con contratación laboral, trasladan las rigideces del mercado laboral a la subcontratación. Reducen así la capacidad de adaptación de las empresas en aquellos pocos sectores y actividades en que han podido actuar con flexibilidad.
Por otro lado, el desarrollo de nuestras grandes empresas sufre aún algo por haber funcionado durante casi un siglo en un mercado protegido, cuyo pequeño tamaño hacía que fuera óptimo disponer una dimensión pequeña, y hacía innecesario emplear los recursos (directivos de alcance internacional) y los mecanismos financieros (captación de recursos en el mercado de capitales) y organizativos (separación de propiedad y control) necesarios para competir en los mercados internacionales. Han bastado poco más de 20 años desde que se eliminó la protección para que veamos cómo nuestras empresas han alcanzado una dimensión comparable a las de nuestros vecinos en muchos sectores (banca, hoteles, infraestructuras, utilities). Confirma esta hipótesis, que avancé hace años (3), el que nuestras multinacionales sean empresas nuevas (el caso de Zara) o procedan de sectores que en España no estaban más protegidos y regulados que en los países con los que competimos. Piénsese, por ejemplo, que la banca española estaba muy regulada, pero no mucho más que en Francia o Italia, y sin que dominara la banca pública. Algo similar sucedía con nuestras infraestructuras: parece que nuestro derecho administrativo fue capaz de hacer funcionar la contratación pública en un marco relativamente competitivo, comparado con el de otros países. Por cierto, en este sector puede haber constituido una diferencia importante el que, por una vez, nuestro país haya contado con centros formativos de élite (las Escuelas Superiores de Ingenieros).
En cuanto a si debe hacerse algo para lograr más dimensión, lo que corresponde a los poderes públicos es mantener los mercados abiertos, y no interferir en la asignación de recursos. Por fortuna, han dejado de intervenir en los mercados financieros y han eliminado gran parte de las barreras arancelarias, y ello ha hecho posible el desarrollo de nuestras multinacionales.
En la actualidad, como decía más arriba, los déficit fundamentales se sitúan en el mercado laboral y en la educación, y es ahí donde los poderes públicos deberían actuar. O, mejor dicho, dejar de actuar como lo están haciendo: En lo laboral, para dotar a nuestras empresas con un marco de relaciones laborales moderno, similar al que tienen los países europeos punteros y que en absoluto supone desproteger a nadie, sino responsabilizar a todos. Y en lo educativo, introducir alguna dosis de competencia, lo que pasa por aumentar la libertad de elección de los usuarios y la responsabilidad de los docentes. Por desgracia, en ambas dimensiones seguimos caminando en la dirección opuesta: más rigideces laborales, y menos libertad y responsabilidad.
Son discutibles, por otro lado, las intervenciones públicas específicamente diseñadas para facilitar la aparición y el crecimiento de las empresas. Y cabe aplicar este juicio a una gran variedad de políticas públicas que afectan tanto a las pequeñas como a las grandes empresas.
Por ejemplo, es discutible el tratamiento tan favorable que hemos estado dando a la amortización del fondo de comercio financiero de las empresas adquiridas. En buena medida, puede que solo estemos subvencionando la arrogancia de nuestros “constructores de imperios”.
También causan distorsiones y convendría eliminar las actuales diferencias en el tratamiento fiscal en función del tamaño: por ejemplo, el que las empresas pequeñas paguen menos en el Impuesto de Sociedades, así como las diferencias que existen en el tratamiento de la financiación con capital propio y ajeno (eliminando la doble imposición sobre los dividendos).
Igualmente, tiene poco sentido que las Administraciones Públicas creen departamentos para promover la aparición de empresarios (perdón, “emprendedores”). Además de contradictorio con lo que hace el resto de departamentos, su eficacia es nula, excepto, claro está, en aumentar el número de funcionarios.
Todos los recursos que se gastan en ventajas fiscales y burocracias inútiles estarían mejor destinados a reducir la fiscalidad general de la empresa, tanto sobre el capital como sobre el trabajo. Los españoles estamos muy contentos de cómo ha ido nuestra economía en los últimos años, pero si miramos a, por ejemplo, Irlanda nos damos cuenta de que, en realidad, estamos perdiendo una oportunidad histórica.
CIE 3.- En términos generales, puede afirmarse que la empresa española es poco competitiva – tal como muestra el trigésimo lugar que ocupa en el último World Competitiveness Report y la incapacidad para atender la demanda nacional, que se traduce en un permanente y creciente déficit de nuestra balanza comercial-. Ante tan grave problema estructural ¿ Qué medidas cabe tomar? ¿Son suficientes las medidas que se vienen pregonando de mejora en I+D+i, en la calidad de los productos o de su imagen internacional?
Los problemas de retraso tecnológico no se arreglan agotando el abecedario para crear y designar nuevos organismos., sino que se agravan. Por un lado, el sector público tiene una historia contrastada de incompetencia y corrupción a la hora de identificar ventajas comparativas y asignar recursos. Por otro, dedican recursos valiosos para hacer funcionar burocracias públicas en su mayor parte inútiles. Por tanto, lo mejor que cabe hacer con la I+D+i más o menos todas las X que puedan añadírsele es suprimir los organismos que funcionan en su ámbito.
Lo que digo deja de sonar radical cuando se somete a esos organismos de I+D+i±X a un test muy simple, midiendo lo que podríamos llamar su “apalancamiento”: Basta con dividir el volumen total de recursos que consiguen movilizar (subvenciones, préstamos, etc.) entre su gasto total de funcionamiento, para poner de relieve su ineficacia. Para empresas privadas de venture capital ese cociente es elevado. Para nuestros organismos es mínimo y a veces inferior a la unidad. No es de extrañar: si el venture capital europeo encuentra difícil prosperar, ¿cómo no va a hacerlo el sector público?
Por ello, el sector público debería concentrarse en las actividades en que cuenta con ventaja comparativa: proveer servicios públicos. Volver, en definitiva, a lo básico y dejarse de aventuras que, además de ruinosas, sustraen los recursos necesarios para atender esos servicios básicos: seguridad, justicia, comunicaciones, y, según y cómo, sanidad y educación.
Por último, en cuanto a la imagen exterior, cabe destacar dos asuntos.
Por un lado, tiene sentido recurrir al marketing, como lo tiene para cualquier empresa. Pero, al igual que en la empresa, el marketing no puede sustituir los fundamentos. Si la empresa produce un mal producto, no hay marketing que lo salve. Si un país tiene buenas condiciones, el marketing de su imagen puede ayudar a rentabilizarlas, pero si las tiene malas y no da los pasos necesarios para mejorarlas, el marketing puede incluso ser contraproducente. Debe por ello resistirse la tentación de hacer un marketing cosmético y realizar en cambio un marketing en sintonía con los cambios observables, un marketing que refuerce la mejora de imagen que ha empezado a inspirar el país, pero que sólo es creíble si está respaldado por una estrategia definida y una continuidad en acometer cambios reales.
Por otro lado, tal vez la principal dificultad que tengamos para mejorar nuestra imagen es que somos de los primeros en creernos lo peor de nuestro país: España es quizá el país donde se cree hoy de forma menos crítica la leyenda negra sobre la propia historia española. Y ese juicio negativista a la historia trasciende a menudo a una valoración a la baja de la situación y posibilidades del país.
CIE 4.- En un mundo globalizado y fuertemente competitivo ¿Qué futuro le espera a la empresa española?
El futuro que ella misma se gane, adaptándose a la demanda con su trabajo, y el que los poderes públicos le permitan ganarse, dándole unas reglas más sensatas dentro de las que competir.
CIE 5.- ¿Considera que hay algún aspecto relevante adicional de la empresa española que merezca ser resaltado?
Por un lado, el hecho positivo de que nuestras empresas son ya líderes mundiales en varios sectores, y no sólo en el fútbol. Empresas como ACS, Ferrovial, Santander, Zara y otras muchas.
Por otro, en claro contraste, el escepticismo con el que se sigue mirando la figura del empresario. Ese escepticismo estaba parcialmente justificado en una economía intervenida, en la que la riqueza era a menudo fruto del privilegio y la corrupción. En una economía competitiva como la actual el empresario de éxito es la clave para el bienestar de todos los ciudadanos, y como tal hemos de aprender a valorarlo. Sólo así fomentaremos que surjan más empresarios en el futuro. Pero mucho me temo que estamos adoctrinando a nuestros jóvenes en la dirección opuesta. Lógico que orienten sus aspiraciones al funcionariado. No sería sorprendente por ello que muchos de los nuevos empresarios provengan en el futuro de la población emigrante.
(1) Cuadernos de información económica, núm. 200, septiembre-octubre de 2007, pp. 169-171.
(2) M. González-Díaz, B. Arruñada y A. Fernández, “Regulation as Cause of Firm Fragmentation: The Case of the Spanish Construction Industry”, International Review of Law and Economics, 1998, 18, 4, 433-450; M. González-Díaz, B. Arruñada y A. Fernández, “Causes of Subcontracting: Evidence from Panel Data on Construction Firms”, Journal of Economic Behavior and Organization, 2000, 42, 2, 167-87; y B. Arruñada, M. González-Díaz, y A. Fernández, “Determinants of Organizational Form: Transaction Costs and Institutions in the European Trucking Industry”, Industrial and Corporate Change, 2004, 13, 6, 867-882.
(3) B. Arruñada, “Una explicación contractual del fracaso de la empresa española”, Fundación FIES, 1993, Documento de Trabajo 94; así como “Market vs. Regulation in the Market for Corporate Control: Interactions Between Takeovers and Industrial Policy in Spain”, en R. Pardolesi y R. Van den Bergh (eds.), Law and Economics, Giuffrè, Milán, 1991, 71-106.