La confianza no se regala
La línea de crédito del Eurogrupo reduce la incertidumbre para que el euro pueda superar las turbulencias que ocasionen las elecciones griegas. Pero apenas clarifica el panorama de nuestra economía, o no lo suficiente para devolver la confianza. Entre otros motivos, porque esa confianza la hemos perdido los españoles. En el fondo, sólo nosotros podemos recobrarla. No nos lo van a regalar nuestros socios. Y no contribuye a ello la actitud del Gobierno, a medio camino entre el conato de chantaje y la negación de lo evidente.
El crédito supone un hito en la evolución de la crisis, pero no el cambio radical que se ha querido ver. En lugar de hacerse cargo de las cajas, capitalizándolas directamente, lo que sí hubiera mejorado el riesgo soberano, la UE ha optado por prestar a España, para que sea ésta la que capitalice las cajas.
Como consecuencia, seguimos asumiendo el riesgo de que, cuando las vendamos, valgan menos de lo que nos han costado. El balance del Reino de España es por ello más arriesgado que antes, y es de esperar que, más allá de los ruidos del corto plazo, aumente la prima de riesgo y no fluya más crédito a la economía real.
Ciertamente, tampoco se puede interpretar como un rescate convencional, pues no se establecen explícitamente requisitos adicionales de carácter fiscal o de reformas estructurales. Eso sí, el Eurogrupo será estricto en hacer cumplir los compromisos de España.
Es improbable que nuestros socios transijan ahora con las previsibles desviaciones del déficit, y menos si se alivia la presión que hoy impone la coyuntura griega. Estamos, por tanto, abocados a una subida inminente del IVA e impuestos especiales. Veremos en qué medida esa subida se podrá compensar —sería deseable— con rebajas de las cargas sociales para favorecer la devaluación interna.
Ante lo inevitable, debemos transformar el problema en oportunidad. La situación no es nueva. A finales de los años 50, España se encontraba en una encrucijada no del todo diferente de la actual. Como ahora, nuestros gobernantes arrastraron los pies hasta que, con la caja vacía y para recuperar el crédito exterior, no les quedó más remedio que liberalizar la economía y controlar el gasto público. Los actuales gobernantes apenas han empezado a hacerlo, aplicando reformas tibias mediatizadas por el falso mérito del punto medio y por el corto plazo electoral.
Es urgente liberalizar de verdad los mercados de trabajo y servicios, y reconvertir el sector público. No basta con retocar esa versión constitucional del Fuero del Trabajo llamada Estatuto de los Trabajadores. No basta con recortar los sueldos de los funcionarios. Hace falta cerrar selectivamente centros y departamentos, por no hablar de empresas públicas y chiringuitos políticos, incluidos muchos de rango constitucional: la propia clase política ha de empezar a sacrificarse.
Si superamos las turbulencias de las elecciones griegas, al Gobierno se le abrirá una breve oportunidad para acometer un plan integral de reforma. Sólo si acierta y convence, tiene alguna esperanza de recobrar la confianza y de que vuelva a fluir capital a España, como lo hizo después del Plan de Estabilización de 1959.
Por el contrario, si insiste en negar la evidencia y acumular reformas insuficientes, en pocos meses se nos intervendría en toda regla. Lógicamente, esa intervención serviría más los intereses de nuestros acreedores que los de España. Por ello, es preferible que las reformas se decidan por españoles, al menos en teoría. Quiero creer que también es verdad en la práctica.