¿A quién beneficia la regulación contable?
Arruñada, Benito (1990), “¿A quién beneficia la regulación contable?”, Expansión, 13 de diciembre, 34.
Tras la reciente regulación contable y societaria, las empresas están obligadas a producir y divulgar más información. Ello origina beneficios ciertos para algunos profesionales y, probablemente, un menor bienestar colectivo. Recientes reformas legislativas han aumentado de forma sustancial la regulación coactiva de la información contable. Las empresas están ahora obligadas a elaborar y difundir un flujo de datos regulado en todas sus dimensiones: cantidad, calidad, publicidad y responsabilidad.
Es preocupante la práctica unanimidad que existió durante la gestación de la reforma contable, como, en general, de toda la legislación mercantil: Se habló mucho de los beneficios —sobre todo, de cómo repartirlos—; muy poco de los costes que entrañan las nuevas disposiciones.
Es preocupante, porque la sociedad está indefensa ante normas que, perjudicando poco a muchos, favorecen mucho a unos pocos. Pueden introducirse sin oposición, pues los perjudicados lo son en tan pequeña medida que no les compensa combatirlas. Sin embargo, el daño colectivo puede exceder el beneficio de los conciudadanos favorecidos.
En el caso de la regulación contable, hubo pelea para repartirse el mercado. Rara vez se puso en cuestión si aumentaría el producto social. El debate no versó sobre si era o no positivo regular, sino sobre cómo y quién habría de hacerlo; y, especialmente, quién tendría acceso al mercado que la regulación vino a expandir y reservar.
Los usuarios sólo pagan por la información contable cuando la emplean en vigilar el cumplimiento contractual. En todos los demás usos —análisis de inversiones, recaudación de impuestos e investigación—, los demandantes obtienen la información gratis. Lógico que su apetito sea insaciable. La exigencias legales benefician así a los analistas de inversiones y a la Administración del Estado, que reciben gratis una materia prima más elaborada y homogénea; así como a los productores de normas contables, cuya demanda aumenta.
Por el contrario, los empresarios obligados a elaborar la información son los principales perjudicados a corto plazo. La regulación les obliga a producir datos inútiles, restringe sus posibilidades para usar otros números contables en sus contratos, y provoca transferencias de riqueza—a través de contratos preexistentes cuyas cláusulas empleaban magnitudes diferentes.
Lamentablemente, la regulación no daña sólo a los empresarios. A medio plazo, se produce una cantidad excesiva de información y auditorías, lo que probablemente perjudica la asignación de recursos y el bienestar colectivo.